El portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, junto a su compañero, el concejal Jorge García Monsalve, han ofrecido esta mañana una rueda de prensa para abordar temas de actualidad.
El grupo municipal socialista ha denunciado esta mañana ante los medios de comunicación una presunta práctica irregular en el Ayuntamiento de Oviedo, centrada en el área de Deportes. Según su análisis, entre enero de 2024 y abril de 2025 se habrían adjudicado 50 contratos menores a tres empresas distintas que comparten el mismo administrador único, por un importe total cercano a los 126.000 euros.
Los portavoces del PSOE aseguran que estos contratos, todos por importes inferiores a 3.000 euros, se habrían ejecutado sin expediente administrativo, «contra factura», y sin concurrencia pública. Esta práctica, según denunciaron, podría estar simulando una pluralidad de proveedores cuando, en realidad, se trataría de un único adjudicatario camuflado bajo distintas razones sociales ubicadas en Asturias, Cantabria y Castilla y León.
“Estamos ante una muestra más del caos en la gestión que venimos señalando desde el inicio del mandato del alcalde Canteli”, afirmó Carlos, portavoz socialista, quien recordó otros episodios recientes como la pérdida de fondos europeos o los sobrecostes de obras municipales.
Uno de los ejemplos destacados fue el del pasado 23 de abril de 2025, cuando se adjudicaron dos contratos menores el mismo día, ambos por 2.964,50 euros, a dos de estas empresas, para reparar sendas mesas de árbitros en los polideportivos de Vallobín y Pumarín. “Resulta difícil de creer que dos equipamientos se averíen el mismo día, requieran reparaciones similares, y que estas se encarguen a empresas con el mismo administrador”, señaló Jorge, otro de los concejales socialistas.
Los socialistas afirman que este tipo de contratos menores deberían estar reservados a casos excepcionales y urgentes, no a actuaciones ordinarias y recurrentes como reparaciones o suministros. En su lugar, defienden que el Ayuntamiento debería haber tramitado un contrato único de mantenimiento y conservación mediante licitación pública, tal y como marca la ley.
El grupo ha registrado una batería de preguntas para la próxima Comisión de Economía, ha solicitado el acceso a los expedientes y facturas correspondientes, y advierte de que, si no se reciben explicaciones satisfactorias, acudirá a los órganos pertinentes “en defensa de la legalidad”.
