Unión de Uniones alerta del desplome en precio y producción de la leche de ovino y caprino y exige medidas urgentes al Ministerio

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La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha denunciado hoy ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) la grave crisis que atraviesa el sector productor de leche de oveja y cabra. Durante una reunión sectorial convocada por la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, la organización ha reclamado una intervención inmediata por parte de las administraciones ante la caída de precios y la pérdida continuada de explotaciones.

A pesar de una reducción en la producción, los precios siguen desplomándose y ya no cubren los costes mínimos. Según datos oficiales correspondientes a mayo, la producción de leche de cabra ha caído un 7,5% respecto al año anterior, y la de oveja un 5,5%. No obstante, los precios pagados al ganadero han sido de apenas 0,91 €/litro en el caso de la cabra y 1,19 €/litro en el de la oveja, muy lejos de los costes reales de producción, que se sitúan entre 1,40 y 1,50 €/litro. Esto supone pérdidas estructurales para las ganaderías y pone en riesgo la viabilidad del sector.

La situación ha llevado al cierre de 373 explotaciones de cabra y 255 de oveja en el último año, reduciendo el censo a apenas 3.676 y 2.618 granjas respectivamente. Una tendencia preocupante que afecta de forma especial a zonas rurales ya castigadas por la despoblación.

“Esta bajada brutal de precios es un tiro en el pie para el propio sector lácteo. Se están destruyendo granjas y con ellas cualquier posibilidad de relevo generacional”, ha afirmado José Antonio Martínez, responsable del sector ovino y caprino de leche en Unión de Uniones. “No pedimos hacernos ricos, solo poder vivir de nuestro trabajo y modernizar nuestras explotaciones”, ha añadido.

Desde la organización reclaman al MAPA la publicación urgente de nuevos estudios de costes de producción, la modificación de la normativa para mejorar la transparencia en las declaraciones de leche, y una acción coordinada con las comunidades autónomas que permita proteger al sector.

“El Gobierno y las autonomías deben pasar de las palabras a los hechos. No basta con decir que el sector es estratégico, hay que actuar. Si no lo hacen, serán tan responsables como quienes imponen precios ruinosos”, concluyen desde Unión de Uniones.

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