El Gobierno de Asturias ha autorizado un gasto de 1.712.494 euros para efectuar tratamientos silvícolas en 29 montes de utilidad pública de catorce concejos: Navia, Teverga, San Martín de Oscos, Aller, Proaza, Nava, Pravia, Cabranes, Caso, Lena, Santo Adriano, Villaviciosa, Colunga y Quirós. Con esta medida, el Principado pretende convertir estos bosques en reservorios ambientales para los municipios en los que se ubican y también en grandes sumideros de dióxido de carbono (CO2).
Estas actuaciones, que se llevarán a cabo antes del 30 de junio de 2026, mejorarán el estado de 319,87 hectáreas de terreno mediante rozas, clareos y podas en 73 rodales de pino (62%) y frondosas (38%).
Estos trabajos ahondan en una gestión forestal sostenible, mediante un mantenimiento adecuado que evita la acumulación de biomasa y reduce el combustible forestal en los montes de utilidad pública. Este tipo de labores preventivas, financiadas con fondos europeos Next Generation, ayudan también a reducir la propagación del fuego en caso de incendio.
El pasado 7 de noviembre, el Ejecutivo aprobó una partida de 2.295.462 euros para la ejecución del plan de mejora integral de las masas forestales del suroccidente, que se desarrollará en una superficie de 487 hectáreas para mejorar la conservación de los montes.
El proyecto, que se desarrollará hasta 2026, consiste en la aplicación de tratamientos para aumentar la calidad de la madera, así como en la retirada de grandes acumulaciones de biomasa. Las intervenciones se centrarán en los concejos de Cangas del Narcea, Ibias, Degaña, Allande, Grandas de Salime, Illano y Pesoz.
De este modo, a lo largo de este mes, el Principado ha garantizado una inversión que supera los cuatro millones para favorecer la conservación del territorio y de las masas forestales de 21 concejos.
Mayor eficacia en la Inspección General de Servicios
El Principado ha aprobado un nuevo reglamento que mejora la organización de la Inspección General de Servicios, dependiente de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, con el fin de reforzar su funcionamiento y asegurar una mayor eficiencia y transparencia en su labor.
La norma determina con claridad las funciones del inspector jefe, que será la persona responsable del área, y del personal que trabaja con él. Los inspectores de servicios tienen la condición de agentes de autoridad.
La nueva normativa también regula cómo se desarrollarán las tareas internas, mediante una planificación anual y la publicación de informes de seguimiento, y detalla el procedimiento que deberán seguir las actividades de inspección para que sean claras y transparentes.
En definitiva, el reglamento busca reforzar la seguridad jurídica, al especificar de manera más clara cómo deben llevarse a cabo los procesos y cómo se organiza la Inspección. También fomenta la eficiencia, al no imponer nuevas cargas administrativas, y garantiza que los cambios sean proporcionales a los objetivos que se quieren alcanzar.
