El pasado lunes, el Ayuntamiento de Nava celebró un pleno en el que se debatió nuevamente la revocación del permiso de investigación minera Astur A, que afecta al área de Peñamayor. Este pleno tuvo lugar tras una concentración vecinal a las puertas del Consistorio, donde los vecinos de la zona mostraron su firme oposición al proyecto minero que amenaza su territorio.
A este debate le siguió, el día siguiente, la convocatoria de una Asamblea Abierta en el CIDAN de Llaviana, donde se informó a la ciudadanía sobre la intensa actividad política en torno a la revocación del permiso, en un contexto de creciente rechazo por parte de los municipios asturianos. En las últimas semanas, varios ayuntamientos han mostrado su postura en contra de la minería en Peñamayor, entre ellos Llaviana y Bimenes, que aprobaron por unanimidad mociones exigiendo la revocación del permiso de investigación. En el mismo sentido, el pleno del Ayuntamiento de Nava aprobó una moción que rechaza cualquier tipo de actividad minera en la zona, un cambio importante respecto a la postura inicial del alcalde Juan Cañal y su partido.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Piloña, gobernado por el PSOE local, ha mantenido su postura a favor del permiso, lo que genera desconcierto entre los vecinos, dado que, de concederse los permisos Astur B y Astur C, Piloña sería el concejo más afectado por esta actividad minera.
El movimiento vecinal sigue ganando fuerza y visibilidad. A través de estas mociones y resoluciones, que no son solo declaraciones de intenciones, sino una manifestación clara de la voluntad popular, se ha logrado trasladar la petición de revocación al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias. La unanimidad de las votaciones en los plenos municipales y en la Junta General del Principado demuestra que la oposición al permiso trasciende los intereses partidistas y refleja el sentir de una gran parte de la ciudadanía asturiana.
Un mandato claro para el Gobierno del Principado de Asturias
La Plataforma contra la minería en Peñamayor reitera que el Gobierno del Principado no puede seguir ignorando el mandato del Parlamento asturiano y de los ayuntamientos que han pedido la revocación del permiso. Esta solicitud ha sido respaldada por todos los grupos políticos de la Junta General, donde no se ha registrado ni un solo voto a favor de la minería en la zona.
En este contexto, desde la Plataforma se exige al Ejecutivo regional que pase de las palabras a los hechos, cumpliendo con la voluntad de los vecinos y de las instituciones locales para detener la actividad minera en Peñamayor. La demora en la revocación del permiso podría abrir la puerta a futuras demandas por responsabilidad patrimonial a la administración, si la empresa minera viera afectada su concesión en el futuro.
Vía judicial: un paso más en la lucha vecinal
Además de la presión política, la Asamblea de Nava ha recurrido la concesión del permiso de investigación Astur A ante los tribunales, presentando un recurso contencioso-administrativo. Esta acción judicial, que implica un esfuerzo económico importante para los vecinos, subraya la determinación de la comunidad en seguir luchando por la revocación del permiso a través de todos los canales disponibles.
La Plataforma también seguirá vigilante para que todos los ayuntamientos implicados exijan a la empresa minera la presentación de los permisos pertinentes y la concreción de las zonas en las que se realizarían los trabajos de investigación. De no cumplirse la normativa urbanística vigente, estos trabajos podrían resultar inviables.
La lucha continúa
El movimiento vecinal de oposición al permiso de investigación Astur A sigue adelante, firme en su objetivo de dejar sin efecto un permiso que consideran perjudicial para el bienestar de los vecinos y el medio ambiente de la zona. Si bien los avances legislativos son importantes, la Plataforma deja claro que continuará su lucha en todas las instancias posibles hasta lograr la revocación definitiva de este permiso.
Desde la Plataforma se hace un llamamiento a la unidad y la movilización de los vecinos de toda la comarca para que, a través de la acción política y judicial, se logre detener un proyecto que, a juicio de la mayoría de la ciudadanía afectada, nunca debió haberse concedido.
