Los pasados días 28 y 29 de noviembre, se organizaron en la Universidad de Barcelona las 1as Jornadas de la Red Universitaria por Palestina en las que se abordaron diferentes cuestiones con el objetivo de seguir trabajando por el fin del genocidio, del apartheid, de la ocupación y de la complicidad de nuestras instituciones con el estado de Israel que sigue perpetrando todos esos crímenes. Es esta última cuestión sobre la que reflexionaremos hoy, porque la mayoría de las universidades españolas sigue sin respetar sus obligaciones frente al Derecho Internacional.
El boicot institucional a todas las universidades israelíes no es sólo una opción legítima sino una medida obligatoria para todos los estados, como afirmó la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en julio de 2024.
Las universidades, que son centros de transmisión de conocimiento y valores universales, deben formar personas que se orienten éticamente en la dignidad del otro y deben enmarcar sus actividades y relaciones en la obligación primera de no cooperar con las violaciones del derecho internacional e impedirlas activamente porque la pasividad o inacción ante una violación del derecho internacional puede convertir a la universidad en cómplice.
Las universidades están obligadas a introducir la llamada “cláusula esencial” relativa a asegurar el cumplimiento de todos los aspectos del derecho internacional, tanto en su código ético de investigación como en todas las relaciones académicas y económicas con universidades, entidades y empresas.
Esa cláusula esencial, que obliga tanto a individuos como a instituciones, implica rechazar la premisa falsa de que la financiación de la educación y la investigación no tiene relación alguna con las obligaciones éticas y jurídicas de la universidad. También comporta que la universidad ponga en práctica lo que proclama, e integre en todas sus actividades y relaciones el pensamiento crítico, analítico y solidario que dice promover.
Como señala la Campaña Palestina para el Boicot Académico y Cultural a Israel nacida en 2004, “la academia israelí ha participado en el establishment político militar hegemónico en Israel y, sin menospreciar los esfuerzos de un puñado de académicos con principios, está profundamente implicada en sustentar y perpetuar la negación sistemática de los derechos de la población palestina”.
La colaboración ha continuado durante el genocidio: desde octubre de 2023, las universidades públicas israelíes han salido en bloque a defender la actuación de su ejército y su estado, con evidente intención de justificar el genocidio ante la opinión pública internacional, criticando veladamente a las voces disidentes y sin atisbo de condena de las masacres. Es obligado, por tanto, romper las relaciones académicas con las universidades israelíes inspirándose en el aislamiento internacional a que fue sometida la academia sudafricana durante el apartheid.
Pero nada de todo esto parece concernir al equipo de gobierno de la Universidad de Oviedo, pues el pasado lunes, su Consejo de Gobierno decidió rechazar el recurso de reposición presentado por varias personas, integrantes de los distintos estamentos de la comunidad universitaria (estudiantes, personal administrativo y profesorado) contra la aprobación en julio, por parte del mismo órgano, de la continuidad de la Universidad en el proyecto TICHE, que, a pesar de estar financiado por el Fondo Europeo de Defensa, incluye entre sus colaboradores a una empresa armamentista israelí.
Lamentamos la escasa sensibilidad del mencionado órgano universitario que, al adoptar esta decisión, vulnera claramente, a nuestro juicio, los Estatutos de la institución, que el recurso pretendía defender, e ignora la opinión de un sector que creemos mayoritario, o al menos muy significativo, de la comunidad universitaria. Pero, ante todo, nos preocupa lo que significa objetivamente de cooperación y apoyo con el Gobierno israelí, aunque se presente como indirecto, en pequeña medida y con voluntad de establecer cláusulas cautelares (por otro lado, inaplicables). En un momento, además, en el que la violencia genocida contra la población palestina indefensa no hace sino incrementarse; en el que la Corte Penal Internacional de la ONU ha emitido órdenes de arresto contra algunos de sus máximos dirigentes por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Palestina; y cuando hasta diarios o ex-altos mandos militares de Israel denuncian la existencia de una inequívoca “limpieza étnica”, que ministros del propio Gobierno sionista no se recatan en defender y reclamar.
Aun sin demasiadas esperanzas de que esto suceda, por el bien y el prestigio de nuestra Universidad, instamos a la Comisión de Gobierno a rectificar, en la seguridad de que el paso del tiempo y la evolución de los acontecimientos vendrán a demostrar, sin lugar a dudas, el error de la decisión adoptada.
En todo caso, desde Uniovi por Palestina, continuaremos con nuestra actividad democrática de información y movilización sobre un caso tan sensible de gravísima vulneración de los derechos humanos y anunciamos que continuaremos por la vía legal la impugnación de la decisión adoptada.
