El Gobierno del Principado y la Inspección de Trabajo han hecho balance de las primeras actuaciones del plan contra la siniestralidad laboral, al amparo del cual se han realizado ya más de medio centenar de visitas a empresas con altas cifras de siniestros o investigadas por un accidente grave o mortal. Entre las acciones emprendidas, se ha detectado que solo seis de los 57 servicios de prevención ajenos (SPA) acreditan las condiciones exigidas desde la primera comunicación, por lo que a los 51 restantes se les ha enviado un requerimiento de subsanación.
La junta rectora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), de la que forman parte representantes de la Administración autonómica, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los agentes sociales y la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), se ha reunido hoy para analizar la situación del plan de respuesta ante la siniestralidad laboral, puesto en marcha en octubre. En el encuentro, el consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, Borja Sánchez, presidente de la junta, ha explicado las acciones emprendidas por el Principado, siempre en colaboración con Inspección, que se centran en cuatro puntos.
– Refuerzo de medios humanos. Como ya se había anunciado, se crearán siete nuevos puestos de técnicos en prevención de riesgos laborales con cargo a los presupuestos de 2025 y se cubrirán cuatro plazas vacantes en el IAPRL, que ya se están tramitando.
– Campaña conjunta de control en las empresas asturianas. En este apartado se contemplan distintas actuaciones:
• Plan conjunto de visitas a empresas con alta siniestralidad, cuya incidencia supere en un 50% la de su propio sector. La ronda se inició a principios de noviembre y, hasta ahora, se han visitado 35 compañías. El resto, hasta 45, se examinarán en las próximas semanas.
• Visitas de control de empresas investigadas tras un accidente de trabajo grave o mortal. El objetivo es evaluar la aplicación de las mejoras y la corrección de defectos preventivos detectados tras haberse registrado los casos. Se incluyen los accidentes ocurridos e investigados en 2022, teniendo en cuenta que ya ha pasado un año y ha habido tiempo para subsanar deficiencias. Hasta el momento, se han visitado 17 empresas y se han emitido tres informes negativos (de no subsanación de medidas preventivas).
• Vigilancia y control de las comunicaciones urgentes y de la cumplimentación y envío de partes de accidentes de trabajo. El Observatorio de Condiciones de Trabajo del IAPRL realiza un seguimiento semanal de las comunicaciones obligatorias para las empresas de los accidentes de trabajo, tanto en las urgentes por siniestros graves como los partes de accidentes leves. En el periodo revisado, desde septiembre hasta mediados de diciembre, se han detectado retrasos en la comunicación de partes en 51 empresas y cinco trabajadores autónomos. En seis casos ya se ha cumplido el requerimiento de subsanación.
• Refuerzo del envío de las actuaciones al Ministerio Fiscal. En el caso de que los hechos comprobados pudieran ser constitutivos de delito, la Inspección remite sus actuaciones al Ministerio Fiscal en las infracciones graves y muy graves en las que haya un incumplimiento reiterado, por parte del empresariado, a requerimientos de la Inspección, o cuando se detecta que no se han cumplido las propuestas de los servicios o los delegados de prevención o el comité de seguridad y salud. Hasta septiembre de 2024 se habían enviado 23 expedientes. Desde el 17 de octubre, se han enviado otros 21.
• Vigilancia y control de accidentes de trabajo leves. Se han revisado partes de accidentes leves que responden a determinados criterios: aquellos en los que intervienen menores, empresas de trabajo temporal y compañías en las que el personal afectado tiene menos de tres meses de antigüedad. Se han iniciado actuaciones en 77 casos de partes de accidentes leves.
• Envío de cartas de advertencia a todas las compañías que superen la media de incidencia de su sector para instarlas a que revisen su sistema preventivo. Esta medida comenzó en octubre y se han remitido 96 misivas. No obstante, los envíos se completarán hasta alcanzar las 56 firmas que están por encima de ese parámetro.
– Actuación sobre los servicios de prevención ajenos. Cerca del 90% de las empresas tiene externalizada la actividad preventiva. En este marco, se ha enviado una comunicación a los 57 servicios sobre la revisión de sus condiciones de acreditación. También se han remitido 21 informes a distintos servicios acreditados. Además, se han realizado 42 actuaciones de revisión de conciertos de servicios de prevención en compañías en las que se ha registrado algún accidente.
– Análisis de patrones. Se pondrá en marcha un estudio específico a partir de los datos que constan en el Observatorio de Condiciones de Trabajo para determinar, de forma ampliada, patrones concretos que motiven este tipo de accidentes. Como referencia, se tomará el período 2020-2023. La Universidad de Oviedo será la encargada de realizar el estudio, tras la firma de un protocolo de colaboración que se efectuará en el primer trimestre de 2025.
