La consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, ha comparecido esta mañana en el pleno de la Junta General para informar sobre el accidente de la empresa Blue Solving que provocó la muerte de cinco mineros en Zarréu y causó heridas de gravedad a otros cuatro el pasado 31 de marzo. “Si, como parece, en el piso 3º de la mina se extraía carbón de manera ilegal y en condiciones de extrema peligrosidad para los trabajadores, la responsabilidad es de la empresa y del director facultativo, porque estarían vulnerando la legalidad y las autorizaciones de las que disponía Blue Solving e incumpliendo la legislación en materia de seguridad minera”, ha asegurado.
Díaz ha vuelto a comparecer, tras su intervención a petición propia en la comisión parlamentaria correspondiente el viernes pasado, para exponer todo lo relacionado con el caso Blue Solving, sobre el que ha prometido “llegar hasta el final” para esclarecer las causas. Además, ha reiterado su compromiso de trabajar “para que toda la verdad salga a la luz”, sin escatimar «medios, ni recursos ni esfuerzos».
En este sentido, ha subrayado que “desde el primer minuto” el Gobierno de Asturias ha actuado con transparencia, aportando detalles y compartiendo información sobre lo ocurrido, “con la prudencia necesaria sobre un suceso que sigue bajo investigación judicial y sobre el que aún pesan muchas incógnitas”.
“Ante la pregunta de cómo y por qué ha podido suceder esta tragedia, me siento en la obligación de hablar con claridad, siendo consciente de que no solo disponemos de indicios, sino de algunas evidencias de lo que pudo ocurrir la mañana del 31 de marzo en el interior del piso 3º del antiguo Grupo Cerredo, cuya responsabilidad apunta claramente a la empresa Blue Solving y a su dirección facultativa”, ha precisado.
La empresa Blue Solving era titular de unos derechos mineros en una explotación en proceso de cierre y carecía de cualquier permiso para la extracción de carbón, únicamente podía recuperar materiales y maquinaria de las galerías y de depósitos de mineral preexistentes.
Comparezco por segunda vez en esta Cámara, primero en Comisión el pasado viernes y hoy en Pleno, para dar cuenta del grave accidente de la mina propiedad de Blue Solving ocurrido el pasado 31 de marzo, que sigue causando una profunda conmoción en la familia minera de Asturias y de León.
Mis primeras palabras han de ser de nuevo para recordar a David, Jorge, Rubén, Amadeo e Iván, los cinco mineros que fallecieron en el trágico accidente, y para trasladar un cariñoso abrazo a sus familias y amigos.
También para manifestar mi deseo de una total recuperación para los cuatro heridos graves en el accidente, que evolucionan bien y cuya verdad será clave para esclarecer lo ocurrido en el piso 3º de la mina de Blue Solving.
Lo dije el pasado viernes y lo reitero esta mañana: mi compromiso y mi empeño personal están con la verdad y todos mis esfuerzos están volcados en conocer qué pasó y por qué ocurrió el mortal accidente el lunes 31 de marzo, investigar las causas y determinar quiénes fueron los responsables del fallecimiento de cinco trabajadores en el tercer piso de Cerredo.
Esa promesa la tienen también las familias afectadas y lo reitero hoy ante ustedes y ante el conjunto de la sociedad asturiana: lo ocurrido no puede, ni debe, ni va a quedar impune. Vamos a llegar hasta el final para saber lo que pasó sin escatimar medios, recursos y esfuerzos. Ese es mi compromiso personal y el mandato del presidente, Adrián Barbón.
No cabe duda de que el fallecimiento de cinco mineros en la explotación propiedad de Blue Solving es un hecho difícilmente comprensible, por la dimensión de la tragedia y porque todo indica que detrás de este trágico suceso se halla una explosión de grisú en una mina que no era de especial peligrosidad en este gas, cuando además existen procedimientos reglados para minimizar el peligro asociado al metano.
Son muchas las incógnitas que aún pesan sobre este accidente, pero como he manifestado el Gobierno pondrá todos los medios para saber qué pasó y por qué pasó.
Llegaremos hasta el final para esclarecer las causas y las próximas semanas serán claves para disponer de todos los datos que puedan explicar lo ocurrido. Como hemos hecho desde el momento en que tuvimos conocimiento del accidente.
En este punto, es importante recordar que desde el minuto cero este Gobierno ha actuado, siendo además transparente en las decisiones que hemos ido adoptando, aportando detalles y compartiendo nuevas informaciones sobre lo ocurrido, con la prudencia necesaria sobre un suceso que sigue bajo investigación judicial y sobre el que aún pesan muchas incógnitas.
Ante la pregunta de cómo y porqué ha podido suceder esta tragedia, me siento en la obligación de hablar con claridad siendo consciente de que no solo disponemos de indicios, sino de algunas evidencias de lo que pudo ocurrir la mañana del 31 de marzo en el interior del Piso 3º del antiguo Grupo Cerredo, cuya responsabilidad apunta claramente a la empresa Blue Solving y a su dirección facultativa.
Señorías, debemos recordar que Blue Solving era titular de unos derechos mineros con una antigua mina un proceso de cierre para la que no existía permiso alguno para la extracción de carbón. Solo para la recuperación de materiales y maquinaria de las galerías y de depósitos de carbón preexistentes. Si, como parece, en el piso 3º denominado Mangueiro se extraía carbón de manera ilegal y en condiciones de extrema peligrosidad para los trabajadores, la responsabilidad es de la empresa y del director facultativo, porque estarían vulnerando la legalidad y las autorizaciones de las que disponía Blue Solving e incumpliendo la legislación en materia de seguridad minera.
Porque Cerredo no era una mina activa, sino una explotación en proceso de cierre para la que sus propietarios no tenían en ningún caso, en ningún caso, permiso para extraer carbón. Ninguna de las nueve inspecciones realizadas desde mediados de 2022, ninguna, reflejó actividad fuera de la legalidad en el tercer piso, ni incumplimientos graves en materia de seguridad. De haber existido una sola señal en los informes recibidos, el Servicio de Minas habría actuado de inmediato.
Lo reitero de nuevo con rotundidad: jamás esta consejera recibió un informe técnico que alertara de alguna irregularidad en el piso 3º en el que se produjo el fatal accidente. De haber sido así, habría actuado sin dudarlo. Con la ley y con toda la contundencia.
En este punto permítanme hacer un paréntesis en mi intervención. Como señalé, esta es mi segunda comparecencia en esta Cámara. El pasado viernes intenté responder con la mejor de las voluntades y la mayor transparencia a las preguntas que me fueron formuladas. Parece, por las manifestaciones realizadas por los portavoces de los grupos políticos, que muchas de mis respuestas no les convencieron, bien por extensas, bien por demasiado escuetas, por falta de tiempo o porque no se dieron por contestados.
Les dije entonces que vendría a la Junta cuantas veces fuera necesario para ir dando nueva información según se fueran despejando los distintos interrogantes, aún pendientes de las investigaciones en curso.
En ese mismo sentido, quiero hacer un nuevo esfuerzo retomando algunas de las cuestiones concretas que ustedes me trasladaron y que no percibieron como respondidas; intentaré ser concreta en este deseo por trasladar la información con la mayor claridad y transparencia posible.
Les pido disculpas si me reitero, pero quiero profundizar en algunas respuestas no solo por respeto a ustedes, sino por respeto a la sociedad asturiana, que nos quiere ver a todos unidos en la búsqueda de respuestas a las causas de esta tragedia. En ese esfuerzo, si todos ponemos de nuestra parte, estaremos cumpliendo con nuestra obligación como representantes de la ciudadanía.
Blue Solving es propietaria de los derechos mineros del antiguo Grupo Cerredo porque así se los transfirió la sociedad Combayl (Combustibles Asturiana y Leonesa SL), quien los había adquirido previamente mediante auto del juez durante el proceso de liquidación de Compañía Astur Leonesa S.A. (CMAL).
El 13 de febrero del 2023, Combayl solicitó la autorización del cambio de titularidad, a su favor, de los derechos mineros del Grupo Minero Cerredo. La transmisión de derechos mineros está regulada en el título IX de la vigente Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
Sobre las personas titulares de los derechos mineros y el capital social de la sociedad, la autorización concedida a Combayl se establece en base a que acredita mediante escritura pública que es la propietaria de las concesiones del Grupo Cerredo por decisión del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Oviedo.
Por resolución de 27 de noviembre del 2023, se autorizó el cambio de titularidad de Combayl a Blue Solving.
La actividad autorizada a Blue Solving era la misma que la de Combayl: la recuperación de materiales de interior de mina (cuadros, carril, cabrestantes, cintas, etc.) y de antiguos depósitos de estériles carbonos o acopios preexistentes, dando cumplimiento al plan de abandono y cierre al cual se subrogaron en el acto de compraventa y a un proyecto de desimpactación.
El cambio en la titularidad de las concesiones mineras del antiguo Grupo Cerredo se aprobó con las siguientes condiciones:
– Cese de la producción de carbón. En ningún caso es autorizable la extracción de carbón de ninguna de las explotaciones, cielo abierto o subterránea.
– Temporalidad de las actuaciones de desimpactación: Las actuaciones para las que tenía autorización Combayl y que asumió Blue Solving tenían carácter temporal y habían de estar realizadas antes del día 11 de abril de 2025, salvo autorización expresa de la autoridad minera.
– Además se incluían condiciones especiales para poder aprovechar alguno de los bienes inmuebles (naves, etcétera) propiedad de Blue Solving, entre otras una garantía financiera que no han depositado.
Respecto al proyecto de investigación complementario en el piso 1º, en una zona distinta a la del accidente, con fecha 29 de abril del 2024 Blue Solving presentó un anteproyecto de investigación dentro de sus concesiones mineras.
Posteriormente, con fecha 5 de junio del 2024 se solicita la aprobación del proyecto de investigación complementario en el Grupo Cerredo. Por resolución de 8 de julio del 2024 se autorizó dicho proyecto, condicionando los trabajos a la presentación y la posterior autorización, en caso de producirse, del correspondiente plan de labores, que nunca se llegó a presentar, ni por supuesto a aprobar.
La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, fija en seis meses el plazo de respuesta de las Administraciones Públicas.
El plazo de tramitación de los dos proyectos de investigación complementarios aprobados por la Consejería en los últimos años, los correspondientes a Tyc Narcea y Blue Solving, oscilan entre 70 y 90 días.
Esta autorización no se aceleró por ninguna razón y siguió los plazos habituales.
La responsabilidad de leer los correos electrónicos es del titular o del apoderado de la cuenta. Si no lo hacen, la responsabilidad es individual y personal.
Si bien es cierto que el correo electrónico del 16 de octubre de 2023 derivado por el SAC al buzón minería@asturias.org no se abrió por la persona apoderada de ese buzón, algo incomprensible, lo cierto es que el vídeo que adjuntaba no correspondía a una bocamina ilegal de acceso al piso 3º de Cerredo. Correspondía, por el contrario, a una bocamina del 2º piso antiguo que había inspeccionada trece días antes del envío de ese correo electrónico (el 3 de octubre de 2023) por uno de nuestros inspectores, sin que existiesen indicios de extracción de carbón y ni siquiera vía para el transporte de mineral.
Es más, a los 163 metros de la bocamina, había un hundimiento parcial en la galería.
Se tramitó un primer expediente por vulneración de la normativa de seguridad minera, que fue suspendido el 13 de mayo de 2024 a la espera de disponer de sentencia firme en el Procedimiento Abreviado instruido por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Cangas de Narcea.
Sobre el segundo sancionador, la diligencia de inicio del expediente a Combayl tiene fecha de 10 de enero de 2023 y la resolución con la sanción impuesta a la compañía, grave, que se elevó a 20.000 euros, fue firmada el 17 de mayo de 2024. Esa sanción acredita que la empresa no tenía autorización para extraer carbón, ya que sus autorizaciones se limitaban a la recogida de material y equipamiento del interior de la mina y acopios de carbón preexistentes.
Pero no solo incoamos dos expedientes. La explotación estuvo paralizada desde el mismo día del accidente, el 25 de agosto de 2022, hasta el 12 de abril de 2023, en que se levantó la paralización después presentar la empresa la documentación requerida para el reinicio de la actividad, como se exigía en un acta de inspección de 5 de octubre de 2022. En esa acta se requería a Combayl que para el reinicio de la actividad presentase la siguiente documentación:
– Memoria de la actividad que pretendía realizar en Cerredo.
– Puesta en servicio de los medios a emplear.
– Acreditaciones del personal para el uso de maquinaria.
– Contratos con otras empresas que iban a operar en la explotación.
– Documento sobre seguridad y salud.
– Identificación del delegado de prevención.
Mediante inspección realizada a las instalaciones de Cerredo el 11 de abril de 2023, se comprueba que la compañía ha presentado toda la documentación y dado cumplimiento a los requerimientos exigidos.
Cualquier media en este sentido puede inducir a un error. Las inspecciones se determinan por el Servicio de Minas atendiendo a criterios técnicos relacionados con los riesgos asociados con la actividad, tipología de la mina (cielo abierto o subterránea), laboreo y técnicas mineras, uso de explosivos, y número de personas trabajando. Blue Solving únicamente disponía de una autorización para la recuperación y extracción de chatarra, una actividad de bajo riesgo.
En 2024 se realizaron 461 visitas de inspección a explotaciones mineras. Por comparar, en otras comunidades autónomas se producen entre 30 y 80 inspecciones anuales por provincia.
Se reúne el 28 de octubre de 2022 y luego 6 meses después, principios de mayo, porque desde el accidente de agosto de 2022 hasta el 12 de abril de 2023 la explotación está cerrada y se están investigando las causas del accidente; además, trascurren varios meses a la espera de tomar declaración al trabajador que había sufrido heridas graves. Es cuando tenemos todos los datos en nuestro poder, cuando se reúne el órgano de asesoramiento en materia de seguridad minera. Recordar, en este sentido, que hay un procedimiento judicial abierto desde hace casi tres años por ese accidente.
El proyecto de investigación complementaria consiste en la realización de trabajos en una concesión minera encaminados a mejorar la identificación, cuantificación y evaluación de la viabilidad de la extracción de los recursos minerales, sobre todo si su destino está relacionado con nuevos usos.
Según la reglamentación minera, en Bopa se publican los permisos de investigación y los proyectos de explotación; no se prevé la publicación en BOPA de la aprobación de proyectos de trabajos a realizar en concesiones en vigor (por ejemplo, un proyecto eléctrico o el propio plan de labores); únicamente se someterían a información pública aquellas actividades que se encontrasen sujetas a un trámite medioambiental de acuerdo con su normativa específica.
La transmisión de derechos mineros es un acto reglado, sometido a requisitos mínimos documentales que aquí se cumplieron plenamente. La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, dejó sin contenido el título VIII de la ley de minas, condiciones para ser titular de derechos mineros.
En la Consejería se presenta una escritura de compraventa y, por tanto, nosotros no podemos poner en duda una escritura suscrita ante notario. En sus estatutos se contemplan las actividades de minería, nombra director facultativo y dispone de medios técnicos para realizar las labores de retirada de chatarra.
En 2023, según el INE, se crearon en Asturias 1.298 empresas, de las que 1.294 fueros sociedades limitadas, para las que se requiere un capital social mínimo de 3.000 euros. Es decir, el 99,6% de todas las empresas constituidas en el Principado tienen la configuración jurídica de S.L.
¿Podemos como administración dudar de que todas son insolventes desde el punto de vista económico si cumplen con el capital mínimo exigido por la ley?
Tras esta exposición, con la que he intentado despejar dudas y aclarar algunos detalles sobre las decisiones y actuaciones de mi Consejería con la mina propiedad de Blue Solving, quiero referirme ahora a las circunstancias del fatal accidente del pasado 31 de marzo.
Es conocido, y así lo adelanté públicamente, que en la primera inspección ocular tras la tragedia habíamos detectado indicios de irregularidades. Indicios de que podían estar realizándose actividades que no se ajustaban a la autorización que tenía Blue Solving.
Pues bien, la inspección realizada el martes, 8 de abril, por nuestros inspectores descubrió dos huecos posteados, el primero con una longitud de 18,2 metros y el segundo de 24,6 metros, y una altura aproximada de unos 25-30 metros, y unos 0,80 metros de anchura.
El acta redactada por los inspectores señala lo siguiente:
“Entre ambos huecos existe un macizo central sin deshullar de 15,4 metros. Dado que no ha sido posible el acceso a los referidos huecos, como consecuencia del metano acumulado, se estima, en función de los elementos de sostenimiento visibles desde la galería, que los referidos deshulles tienen una altura aproximada, medida sobre capa, de unos 25-30 metros”.
“Así mismo, se comprueba la existencia en la galería de equipos de transporte de mineral, vagones, una mesilla y una locomotora de acumuladores, así como una pala neumática, equipos de ventilación, constituidos por turbinas neumáticas, herramientas manuales, martillos y motosierra de accionamiento neumático y materiales varios, madera, tuberías, etcétera”.
Quisiera adelantarles que en cuanto sea posible y se restablezcan las medidas de seguridad volveremos al piso 3º para ampliar la investigación y disponer de más datos para avanzar en el esclarecimiento del accidente.
Como manifesté el pasado viernes en comisión, aún es pronto para conocer qué pasó en el tercer piso para producirse esa brutal explosión que segó la vida de cinco mineros y dejó cuatro heridos graves.
Sabemos que fue una explosión de grisú, pero desconocemos la fuente de ignición, qué causó la chispa, y por qué en una atmósfera con elevadas concentraciones de metano había once trabajadores en el piso 3º. Eso deberán determinarlo las diferentes investigaciones abiertas, entre ellas la investigación minera que están realizando nuestros técnicos.
Los próximos días y semanas serán claves para avanzar en nuestro conocimiento de lo ocurrido. Y será de especial relevancia tomar declaración a los testigos del accidente, los cuatro heridos y los trabajadores que resultaron ilesos, para lo que ya hemos solicitado autorización a la Policía Judicial y al juez que lleva el caso.
Voy finalizando mi exposición a la espera de poder dar respuesta a las preguntas o planteamientos que puedan expresar sus señorías.
Debo insistir, no obstante, en que esta consejera comparecerá todas las veces que haga falta en sede parlamentaria. Y este Gobierno seguirá trabajando hasta que toda la verdad salga a la luz, se depuren responsabilidades y se haga justicia porque eso es lo que esperan la familias de los cinco fallecidos y de los cuatro heridos de gravedad.
Ese es mi compromiso como consejera del Gobierno de Asturias y no les quede duda alguna de que todos, mi único objetivo y todos mis esfuerzos y todo mi empeño, está ahora mismo en cumplir con esa palabra.
