Alejandro Calvo reivindica una gestión medioambiental innovadora como prioridad estratégica ante los retos globales del siglo XXI

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El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha subrayado hoy la necesidad de situar el medio ambiente como una prioridad estratégica, no solo desde una perspectiva ecológica, sino como un eje transversal vinculado a los grandes desafíos globales del siglo XXI. “En un contexto de cambio climático acelerado, proteger los ecosistemas y avanzar hacia una gestión ambiental innovadora son elementos clave para construir un modelo de bienestar colectivo”, ha destacado.

 

El consejero ha participado en la clausura de la jornada técnica PFAS: origen, detección y tratamiento, organizada por el Principado en el marco del proyecto europeo Interreg SUDOE ALERT-PFAS. El evento se ha centrado en los riesgos de contaminación por sustancias perfluoroalquiladas (PFAS), unos compuestos químicos sintéticos presentes en numerosos productos de uso cotidiano como envases alimentarios o textiles.

 

Durante su intervención, Calvo también ha abogado por impulsar la economía circular, garantizar el acceso universal al agua y promover la justicia territorial. “Hablamos de pilares fundamentales para una sociedad inclusiva que sitúa a las personas y sus derechos en el centro de la acción pública”, ha añadido.

 

La jornada, que se ha celebrado esta mañana en Sobrescobio, ha tenido como objetivo sensibilizar y formar a los agentes implicados en la gestión ambiental y de emergencias sobre los riesgos que estas sustancias suponen para la salud humana, la biodiversidad y los ecosistemas, especialmente en áreas naturales recientemente afectadas por incendios forestales.

 

El proyecto ALERT-PFAS plantea una estrategia transnacional innovadora para afrontar esta problemática mediante el desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan la detección en tiempo real de estas sustancias y el refuerzo de los sistemas de respuesta ante su presencia en espacios naturales.

 

El consorcio del proyecto está integrado por diez entidades de España, Portugal y Francia, entre ellas universidades, centros tecnológicos, administraciones públicas, fundaciones especializadas en transferencia de conocimiento y servicios de emergencia. La iniciativa cuenta con un presupuesto total de 1.845.945 euros, cofinanciado en un 75 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), a través del programa Interreg Sudoe.

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