Barcia y Leiján siempre ha sido un pueblo unido, unido como su nombre y, para desgracia de muchos gobernantes a lo largo de la historia, casi autosuficiente.
Aunque sus primeras actas “oficiales” datan de 1869, existen registros de su actividad comunal desde el siglo XI, lo que demuestra la larga tradición organizativa y comunitaria de este pueblo.
Este carácter independiente y, sobre todo, social, siempre ha sido la base de la vida en Barcia. Desde tiempos antiguos, la solidaridad y el apoyo mutuo han sido valores fundamentales que unieron a sus gentes y les permitieron afrontar adversidades juntos. Ya en el siglo XII, Barcia contaba con un Hospital de Peregrinos, levantado para acoger a quienes cruzaban su territorio por el Camino de Santiago de la Costa. Y más tarde, durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), la parroquia habilitó un Hospital de Sangre, ofreciendo asistencia a heridos en combate. Una vez más, la comunidad respondió unida y generosa, como lo ha hecho siempre.
Este carácter independiente siempre ha causado resquemor en los gobernantes municipales, no es algo nuevo, hasta que, con la llegada del franquismo, se pasó del resquemor a la acción. El gobierno municipal y sus secuaces, pistola en mano, reajustaron por primera vez y de manera “democrática” (¿o debería decir “pistolacrática”…?) la unidad que dirigía la Parroquia de Barcia y Leiján, por personas más afines al régimen (esto me trae recuerdos del presente…). Aprovechando la coyuntura, el Ayuntamiento entonces ROBÓ propiedades a algunos de los integrantes del gobierno barciano, que fueron reclamadas hace pocos años al actual Ayuntamiento de Valdés y aún a día de hoy se niegan a devolverlas a las familias (y eso que sus amigos del Gobierno Central aprobaron la Ley de Memoria Histórica…).
Bueno, volvamos al pasado. Hace ahora 21 años, en 2004, el alcalde Pereiro pretendía impulsar el Plan General de Ordenación Urbana. La parroquia de Barcia fue escenario de una significativa movilización vecinal conocida como «Barcia Verde», integrada por familias del pueblo, preocupadas por su impacto en el entorno rural y natural de la zona.
En 2009 se daba a conocer que Barcia sería la primera localidad del Noroccidente en tener un campo de fútbol de hierba sintética, un campo que ya existía, el San Sebastián II, propiedad de la Parroquia Rural, con césped natural y gradas hechas y cuidadas por los vecinos.
Hace menos años, en 2015, el propio presidente de la parroquia y su equipo propusieron la instalación de una cantera de arcilla. Se sometió a votación vecinal y, una vez más, fueron los propios vecinos, las propias familias quienes decidieron no llevarlo adelante, preocupados por la conservación de sus montes, los montes vecinales.
Volviendo al presente, ayer, 29 de mayo de 2025, volvimos a vivir un episodio que, para quienes conocen la historia de Barcia, despierta ecos demasiado familiares. El Ayuntamiento de Valdés, sin contar con los vecinos ni con la Parroquia Rural —legítima propietaria de los terrenos—, decidió cambiar el nombre del campo de fútbol de Barcia por el de “Óscar Luis Celada”. Lo hizo sin consultar, sin dialogar, sin respetar la voluntad del pueblo. Y lo que es peor: apropiándose de un espacio que no le pertenece. (¿recuerda a algo la historia?)
Ante este atropello, muchas familias del pueblo decidieron manifestarse de forma pacífica, tal como reconoce el artículo 21 de la Constitución Española. Pero, en una decisión que recuerda demasiado a otros tiempos más oscuros de nuestra historia, la Policía Local y la Guardia Civil impidieron el acceso al campo de fútbol —un espacio público— durante el acto de inauguración. Obligaron a los vecinos a quedarse fuera, en la carretera, negándoles el derecho fundamental a expresarse libremente y de forma pacífica en su propio territorio.
Y mientras esto sucede, conviene recordar que el actual gobierno municipal —que se proclama de izquierdas y defensor de la memoria histórica— lleva años negándose a devolver a las familias de Barcia las propiedades expoliadas por el franquismo, pese a que esas reclamaciones están documentadas y respaldadas por la ley. La misma ley que ellos dicen defender. ¿Qué clase de memoria es esa, que sólo sirve para los discursos y no para reparar las injusticias reales, concretas y aún vigentes?
¿No es esto una versión moderna de aquella “pistolacracia” que se impuso durante el franquismo? Ayer no hubo pistolas, pero sí hubo uniformes, barreras y un profundo desprecio por la autonomía del pueblo. Se trató de una exclusión simbólica y material de los verdaderos dueños del terreno, disfrazada de acto institucional.
Y sin embargo, como tantas veces en la historia, las “familias radicales”, las familias del pueblo —esas que no se venden, no se callan y no se dejan tutelar— volvieron a plantarse. No por nostalgia, ni por resistencia vacía, sino por algo tan sencillo y poderoso como el derecho a decidir sobre lo que es suyo.
El Ayuntamiento volvió a olvidar algo esencial: que este pueblo se respeta.
Nos negaron el acceso a nuestro campo.
Nos cambiaron su nombre sin consultarnos.
Nos cerraron las puertas… pero no la boca.
Porque si algo ha quedado claro a lo largo de los siglos es que Barcia y Leiján unida ni se rinde, ni se arrodilla, se defiende y se respeta.
Barcia y Leiján es esencia y es familia.
