El presidente del Principado ha asegurado hoy que a los grupos parlamentarios “de la derecha y de la extrema derecha” no les interesa saber la verdad sobre el caso Blue Solving, “sino erosionar la acción del Gobierno de Asturias, del gobierno reformista de unidad progresista”. Adrián Barbón ha hecho estas declaraciones tras la renuncia de la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz.
Díaz ha anunciado en el pleno de la Junta General que ayer por la tarde presentó su dimisión irrevocable al presidente. “Desde el accidente mi único objetivo ha sido investigación, verdad y justicia. Tengo claro que en ningún caso voy a ser un obstáculo para la investigación, ni para conocer la verdad, ni para que se haga justicia”, ha dicho en el parlamento.
Díaz ha anunciado su decisión después de comparecer para dar explicaciones sobre el accidente que provocó la muerte de cinco mineros en Zarréu por una explosión y causó heridas de gravedad a otros cuatro el pasado 31 de marzo. La empresa Blue Solving carecía de cualquier permiso para la extracción de carbón, únicamente podía recuperar materiales y maquinaria de las galerías y de depósitos de mineral preexistentes en la explotación.
Adrián Barbón ha explicado que la consejera le trasladó ayer su decisión “libre y voluntariamente” y ha agradecido su gesto: “Lo hace, como ella misma ha dicho, para que se sepa la verdad, para que se pueda llegar hasta el final, para que no la utilicen a ella como excusa y para que se haga justicia con las familias mineras”. Según ha destacado, la dimisión de Díaz refleja generosidad frente a “la utilización partidista del dolor” que practican determinados grupos políticos.
“Me comprometo a hacer todo lo que esté en mi mano, como me comprometí con las familias, para que se sepa la verdad”, ha reiterado el presidente, quien ha adelantado que el relevo en la consejería se materializará la próxima semana.
El jefe del Ejecutivo también ha repasado las medidas que ha ido adoptando el gobierno desde el pasado día 31, por ejemplo, la creación de una comisión específica de investigación en el seno de la comisión de seguridad minera, la intervención de la Inspección General de Servicios, la decisión de personarse como acusación particular en el procedimiento judicial o el refuerzo del juzgado de Cangas del Narcea.
