El Gobierno de Asturias ha autorizado hoy la firma de los convenios entre la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y las entidades locales para poner en marcha la historia social única, una plataforma digital que simplificará y agilizará la tramitación de prestaciones.
El nombre completo es historia social única electrónica (HSUE, por sus siglas). Con un planteamiento similar al de la historia clínica electrónica en el ámbito sanitario, centralizará la información sobre las prestaciones que cada persona recibe de las administraciones públicas, ya sea la autonómica, la estatal o la municipal.
La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha valorado esta iniciativa: “Es una herramienta clave de coordinación profesional y de ayuda a la intervención social, un registro que reflejará la relación que una persona mantiene a lo largo de toda su vida con el sistema de servicios sociales”.
La plataforma digital, en la que se han invertido 2,3 millones de fondos europeos Next Generation, estará totalmente implantada a finales de año. Su despliegue forma parte del proceso para consolidar una Administración hiperautomatizada, inteligente y activa al servicio de la ciudadanía. También entronca con la estrategia para avanzar en agilidad, en la línea del proyecto de Ley Simplifica, aprobado el pasado 7 de abril.
La HSUE incorporará todos los datos relevantes sobre las personas usuarias de los servicios sociales e identifica a los profesionales que las asisten. Conllevará claros beneficios en dos vertientes: por un lado, agilizará el acceso de la ciudadanía a las prestaciones; por otro, dotará a las administraciones de procedimientos más rápidos y fiables para el reconocimiento de derechos y el control de ayudas. En este sentido, favorecerá una gestión más eficaz, segura y ágil de los recursos públicos.
La iniciativa se configura como una pieza fundamental del sistema de servicios sociales, dado que pondrá a disposición del personal que tramita las prestaciones la mayoría de la información necesaria, sin que deba aportarla cada solicitante. Por ejemplo, cuando una persona pida una ayuda de emergencia social en su ayuntamiento, sus datos económicos y familiares podrán extraerse directamente de la tarjeta social, sin que haga falta presentar otra documentación acreditativa.
En este momento, el personal de los servicios sociales municipales ya recibe formación y puede acceder, de manera anticipada, a uno de los módulos de la plataforma, a través del cual se gestionarán prestaciones como las ayudas de emergencia social, la tarjeta monedero o el servicio de ayuda a domicilio, entre otras.
El sistema de información integrará, entre otros datos, prestaciones como las pensiones básicas o complementarias, contributivas, no contributivas o asistenciales; subsidios de incapacidad temporal, por nacimiento o cuidado de un menor, por riesgo durante el embarazo y la lactancia; protección familiar, rentas mínimas, rentas de integración y ayudas de pago único.
Nuevo equipamiento educativo en Avilés
El Ejecutivo autonómico ha autorizado un gasto de 17.039.823 euros para contratar la construcción del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Grandiella, de Avilés. El nuevo equipamiento se financiará en tres ejercicios: 545.650 euros este año, 7,89 millones en 2026 y 8,59 en 2027. Está previsto que los trabajos comiencen después del verano y se prolonguen durante 22 meses.
El centro –cuyo proyecto se presentó en marzo en el Ayuntamiento de Avilés- se ha diseñado para ofertar cinco familias profesionales del sector Servicios:
El nuevo CIFP contará con unos 7.500 metros cuadrados de superficie construida. En ese espacio se distribuirán 29 aulas de diferente tamaño, cinco talleres, un laboratorio y un salón de actos con capacidad para 163 personas, entre otras dependencias.
El edificio tendrá un consumo energético casi nulo y un sello de sostenibilidad de cuatro hojas verdes, que acredita el máximo aprovechamiento de los recursos naturales y el mínimo impacto medioambiental.
En este mes, el Gobierno de Asturias ha dado luz verde a una partida de 24 millones para equipamientos educativos en Avilés, ya que el pasado día 5 autorizó un gasto de siete millones para la segunda fase de la Escuela Superior de Arte del Principado (Esapa). La inversión pública destinada a centros educativos en marcha en toda Asturias alcanza los 80 millones.
Ampliación del parque público de vivienda
El Ejecutivo ha autorizado un gasto de 2.172.829 euros para la contratación conjunta del proyecto y de las obras de construcción de diez viviendas públicas para alquiler asequible con trasteros y garaje en Benia, en el concejo de Onís.
La financiación, que se sufragará en parte con fondos europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se distribuirá en dos anualidades: 1.972.070 euros para este año y 200.759 para el próximo. En este importe están incluidos los 81.361 euros destinados a la redacción del proyecto.
Esta obra, que permite ampliar el parque público de vivienda en la comunidad, contribuirá también al desarrollo del concejo de Onís y ayudará a fijar población en su capital.
La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos tiene en licitación la construcción de 600 nuevos pisos y ha adquirido el compromiso de licitar al menos otros 400 a lo largo de este año.
Rescisión de las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes
El Consejo de Gobierno ha autorizado la rescisión del contrato de las obras de ampliación de la primera fase del Hospital Universitario de Cabueñes. Este trámite cuenta con los informes favorables de la Intervención, los servicios jurídicos y el Consejo Consultivo. El siguiente paso será la firma definitiva de la resolución por parte de la consejera de Salud, Concepción Saavedra.
La cancelación del contrato pone fin al expediente iniciado el 24 de enero por el Gobierno del Principado ante los incumplimientos de la unión temporal de empresas adjudicataria de los trabajos.
De forma paralela, Salud ha desarrollado en este período diversas actuaciones orientadas a la reanudación de las obras, ahora paralizadas, para que la ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes sea un centro de máximo nivel asistencial e investigador a la altura de los mejores del país. En este sentido, la empresa pública Tragsatec se encarga de recopilar la información técnica y jurídica necesaria para retomar la ampliación. También trabaja en el levantamiento topográfico de la parcela, lo que permitirá conocer con total precisión las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora.
El Principado cerrará con la UTE adjudicataria de las obras de ampliación la certificación final antes del verano.
