El Gobierno de Asturias ha constituido hoy el Observatorio de Agresiones a Profesionales Sanitarios, un órgano colegiado de carácter consultivo y de participación que se encargará de analizar, evaluar y prevenir las situaciones de violencia registradas en centros y servicios sanitarios de la red pública.
La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha presidido hoy la reunión de constitución de este órgano, adscrito al Servicio de Salud del Principado (Sespa), que servirá de foro de diálogo permanente con las organizaciones sindicales y las fuerzas y cuerpos de seguridad. También permitirá formar al personal para hacer frente a situaciones de riesgo, así como proponer actuaciones de prevención e intervención para mejorar la relación entre profesionales y personas usuarias y el clima laboral.
Con la puesta en marcha del observatorio, Salud pretende generar mayor confianza entre la plantilla del sistema sanitario público, lo que ayudará a prestar una asistencia de más calidad a la población.
El órgano está compuesto por una treintena de personas entre representantes del Sespa y de sus ocho áreas sanitarias, del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, de las organizaciones sindicales y de los interlocutores policiales sanitarios, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil.
El foro convocará sesiones plenarias una vez al año y comisiones técnicas. Además, se podrán crear grupos técnicos de trabajo.
Las principales funciones del observatorio son las siguientes:
• Realizar estudios sobre las agresiones en los centros sanitarios del Sespa y elaborar una memoria anual de actividades.
• Impulsar planes formativos para hacer frente a situaciones violentas en el sector sanitario, favorecer el trato correcto y garantizar una comunicación fluida entre profesionales y usuarios.
• Promover encuentros entre profesionales y expertos para facilitar el intercambio de experiencias, investigaciones y trabajos sobre la prevención de las agresiones.
• Orientar al personal del Sespa en la resolución de situaciones conflictivas en su entorno laboral con las personas usuarias.
• Elevar a la gerencia del Sespa propuestas para reducir las agresiones a profesionales.
• Realizar un seguimiento y control de las agresiones para contar con datos actualizados y facilitar su explotación.
El año pasado, el Sespa registró 365 agresiones, un 12% menos que en 2023. De ellas, el 25% fueron ataques físicos en distinto grado de intensidad, mientras que el 75% restante fueron verbales y gestuales, amenazas y actitudes de desprecio. En total, se tramitaron 21 denuncias.
El 60% de las agresiones ocurrieron en los hospitales y el 84% de las víctimas fueron mujeres, mayoritariamente personal de enfermería y medicina. Respecto a la edad, en el 59% de los casos afectaron a profesionales de 35 a 55 años. Los lugares en los que se producen ataques con mayor frecuencia son las consultas hospitalarias y las plantas de hospitalización, con 96 cada una, seguidas por la red de salud mental y las unidades de Psiquiatría.
Los registros del Sespa reflejan que el 78% de los agresores eran pacientes –hombres en su mayoría-, mientras que el 22% fueron familiares o acompañantes. Además, 156 ataques fueron provocados por personas reincidentes, una tendencia que se ha mantenido en los dos últimos años.
De enero a marzo de este año se registraron 105 denuncias, por lo que se produce un descenso respecto al mismo período de 2024, cuando se tramitaron 121.
Desde 2007, el Servicio de Salud cuenta con un plan de prevención y actuación frente a situaciones conflictivas en los centros sanitarios. Posteriormente se implantó la Estrategia para la mejora de la confianza y seguridad de las personas que trabajan en el servicio de salud. Ambas iniciativas abordan de forma integral la defensa del personal sanitario y, paralelamente, buscan proporcionar un entorno de trabajo relajado y sin crispación para profesionales, personas usuarias y ciudadanía.
