El comité técnico de Memoria Democrática aprueba la exhumación de las tres primeras fosas, cuyos trabajos financiará íntegramente el Principado

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El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha anunciado hoy que el comité técnico para la recuperación e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista ha aprobado esta misma mañana la exhumación de las tres primeras fosas comunes cuyos trabajos serán financiados por el Gobierno del Principado. “Va a ser la primera vez en la que el Principado haga frente íntegramente a los gastos que comportan este tipo de actuaciones”, ha explicado Zapico.

Una vez publicado en el Boletín Oficial del Principado (Bopa), el pasado 6 de noviembre, y transcurrido el plazo de 20 días para poder presentar alegaciones, el comité técnico ha acordado que los primeros emplazamientos en los que la Universidad de Oviedo realizará labores de localización, exhumación e identificación de víctimas serán las correspondientes a la fosa del cementerio de A Caridá (El Franco), la del Prau Molín de Xilu (Las Regueras) y la del cementerio de Santianes de Molenes (Grado).

La primera en la que se espera realizar exhumaciones es la de A Caridá, cuyos trabajos está previsto que comiencen el próximo 10 de diciembre, aunque la fecha definitiva dependerá de las condiciones climatológicas y de otras cuestiones de tipo logístico. Según ha indicado el consejero, en esta fosa se espera encontrar los restos de “tres mujeres de Valdés, hermanas, que podrían estar allí localizadas”.

Ovidio Zapico se ha manifestado en estos términos, acompañado de la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado Villa, tras atender a los medios de comunicación para dar a conocer la decisión del comité técnico en la sede de la Consejería de Ordenación y Derechos Ciudadanos.

Collado Villa ha explicado que, en el momento en que aparezcan restos de la primera víctima, el siguiente paso será “ponerlo en conocimiento del juez del concejo en cuestión antes de iniciar las exhumaciones”.

Se estima que, fruto de estas labores, en estas tres fosas se puedan llegar a exhumar hasta 24 víctimas de la guerra y la posterior dictadura, aunque no existe documentación publicada que así lo confirme. La fosa en la que se espera encontrar a más personas es la del Prau Molín de Xilu, en Las Regueras.

Los trabajos de exhumación correrán a cargo del grupo Arqueos de la Universidad de Oviedo, que dirige el catedrático de Arqueología José Avelino Gutiérrez, a través de un convenio suscrito con la Consejería de Ordenación.

El comité técnico de Memoria Democrática, que celebró su reunión constitutiva el pasado 18 de octubre, es el órgano encargado de establecer el orden de prioridades para exhumar las fosas comunes de nuestra comunidad. Lo preside la directora general de Memoria  Democrática y está formado por una decena de personas entre las que figuran representantes del Instituto de Medicina Legal de Asturias, la Fiscalía Superior del Principado, las entidades memorialistas de la región, expertas en arqueología e historia contemporánea, y miembros del Instituto de Memoria Democrática.

La creación de este órgano forma parte del desarrollo de la Ley 1/2019 para la recuperación de la memoria democrática del Principado y de su posterior Decreto 14/2023. La citada normativa establece que el primer paso para poder desarrollar la normativa autonómica de Memoria es la creación del Instituto de la Memoria, constituido el pasado verano, seguido del comité técnico y, próximamente, el Consejo de la Memoria Democrática del Principado.

La Dirección General de Memoria prevé contar en 2025 con un presupuesto que, por primera vez, superará el millón. En concreto, se destinarán 1.058.120 euros frente a los 586.000 euros del pasado ejercicio, lo que supone un aumento del 80,56%. Este incremento incidirá especialmente en las exhumaciones arriba citadas, en el análisis del banco de ADN, o las líneas de investigación y digitalización de expedientes de víctimas del franquismo, que pasan de los 280.000 euros de 2024 a 350.000 euros.

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