El Gobierno de Asturias y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) han acordado mantener la vigencia de los actuales contratos de alquiler del bloque de viviendas de la calle Río Piloña de Gijón/Xixón. Las 15 familias que residen en el inmueble, propiedad de la Sareb, estaban pendientes de un cambio de situación contractual e incluso del desahucio, después de que un juzgado considerara nulos los contratos basándose en una compleja cuestión legal relacionada con la adquisición del edificio y ajena a los inquilinos.
El Principado solicitó una reunión con la Sareb para abordar la situación. En el encuentro, celebrado esta mañana, han participado la vicepresidenta, Gimena Llamedo; el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico; el director general de Vivienda, Daniel Sánchez, además del presidente y el director de Vivienda Social y Asequible de la Sareb, Javier Torres y Pau Pérez de Acha, respectivamente.
La Administración autonómica y la empresa, de mayoría pública, han acordado una solución para las familias. De este modo, y gracias a la intermediación de la empresa pública Vipasa, 15 familias han accedido a aportar información sobre su situación socioeconómica para establecer si existen situaciones de vulnerabilidad. En estos casos, podrán acceder a un alquiler social que les permitirá permanecer en la vivienda, solución que Sareb ofrece de forma estructural a todas las familias vulnerables que habitan sus viviendas. En total, la Sareb cuenta con más de 9.000 alquileres sociales en toda España.
Así, estas familias pasarán a formar parte del Programa de Alquiler Social de Sareb, que supone la firma de un contrato de alquiler social sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos, por un plazo de siete años y cuya renta mensual se limita al 30% de los ingresos familiares. El programa incluye la participación en un plan de acompañamiento social apoyado en gestores especializados, cuya finalidad es mejorar la situación de las familias de cara al futuro. Asimismo, podrían sumarse a un programa de inserción laboral si fuera necesario.
Para aquellas familias que no sean consideradas vulnerables se respetarán los actuales contratos de alquiler. Además, se prorrogarán por un año los que venzan en 2025.
