El Gobierno del Principado ha propuesto hoy a las organizaciones sindicales una batería de medida para mejorar la enseñanza pública que suman una inversión de 14,4 millones anuales. Entre estas iniciativas figuran el incremento salarial para el profesorado, el refuerzo de la atención a la diversidad, la retribución a las bajas de larga duración dentro del plan de evaluación y la asunción de la gestión económica de los centros con direcciones unipersonales.
La consejera de Educación, Lydia Espina, ha presentado esta propuesta de trabajo a los sindicatos que integran los diferentes comités de huelga, en un encuentro en el que también han participado la directora general de Centros y Red 0-3 Años, Cristina Blanco, y los directores generales de Empleo Público, Miguel Ángel Rodríguez, y de Inclusión Educativa y Ordenación, David Artime.
Espina ha reiterado “la voluntad de diálogo” del Gobierno y la total disposición de su departamento a alcanzar un acuerdo para la mejora de la enseñanza pública en Asturias. En este sentido, ha pedido a los sindicatos que aporten una propuesta conjunta sobre la que la Administración autonómica pueda trabajar.
En el apartado salarial, el Principado ofrece una mejora del complemento específico, lo que supondría un incremento salarial de 814,66 euros anuales para el profesorado y algo mayor para catedráticos e inspectores. Esta medida tendría un coste de 10,5 millones.
El Ejecutivo plantea, además, una modificación normativa del plan de evaluación docente para que se incorporen las personas en situación de baja de larga duración. La cantidad estimada asciende a 297.886 euros.
Por otro lado, el Gobierno ofrece un refuerzo del profesorado de atención a la diversidad mediante la contratación de 77 nuevos profesionales de Audición y Lenguaje (AL) y Pedagogía Terapéutica (PT). Esa medida supondría un desembolso de 3,5 millones anuales.
Además, se ha propuesto asumir desde la propia consejería toda la gestión económica de los centros con direcciones unipersonales, con un coste anual de 95.823 euros.
Por último, para impulsar el acuerdo para la mejora de la enseñanza pública alcanzado el pasado septiembre, el Gobierno ha explicado el calendario de medidas para la desburocratización de los centros y también de las reuniones del grupo de trabajo, ya constituido, para estudiar la posible reducción de la jornada lectiva para el profesorado mayor de 55 años.