Derechos Sociales dedicará uno de cada cuatro euros a facilitar la permanencia de las personas mayores en su domicilio, objetivo estratégico del nuevo modelo de cuidados

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La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar dedicará 144.233.982 euros, un 24% de su presupuesto total para 2025, a medidas relacionadas con la prevención de la dependencia, la promoción de la autonomía personal y la atención domiciliaria para facilitar la permanencia de las personas mayores o con discapacidad en su entorno habitual. Esta es una de las líneas fundamentales del nuevo modelo de cuidados recogido en la Estrategia CuidAS. De esta forma, cerca de uno de cada cuatro euros del presupuesto de la consejería se orientarán a este fin.

 

La titular del departamento, Marta del Arco, ha avanzado hoy estos datos durante su comparecencia en la Junta General para presentar las cuentas del próximo año. “La inversión en estas medidas es estratégica en Asturias, una comunidad autónoma que tiene un 26% de población mayor de 65 años y donde la gran mayoría expresa su deseo de vivir en sus domicilios y en su entorno el mayor tiempo posible”, ha destacado.

 

La cantidad anterior se desgrana en varios objetivos:

 

Ejercer derechos

La cuantía global del presupuesto de la consejería para 2025 asciende a 598.395.356 euros, una cantidad que supone un incremento del 9,81% respecto a este año. Esa dotación permitirá tanto “consolidar programas y servicios que han contribuido a mejorar la vida de las personas como impulsar otros nuevos, producto de las necesidades detectadas”, ha explicado Del Arco.

 

“Nuestra razón de ser es la atención a las personas, especialmente, las más vulnerables, procurando que puedan ejercer sus derechos”, ha añadido. La consejera se ha referido también al pacto social por los cuidados “que ha adquirido protagonismo en la concertación social y determina un consenso imprescindible entre administraciones, entidades, empresas y agentes sociales para establecer los pilares que habrán de sostener los cuidados y a quienes cuidan”.

 

Del Arco ha valorado “la relevancia y envergadura de nuestro escudo social”, así como el sistema asturiano de garantía de derechos y prestaciones vitales, “del que el salario social continua siendo su buque insignia, actuando de manera subsidiaria y complementaria a otras prestaciones como el ingreso mínimo vital”. En este sentido, ha destacado el crecimiento, en un 6%, de las cuantías del salario social y de los complementos vitales que actualmente perciben cerca de 8.600 unidades familiares y al que se destinarán 48,7 millones.

 

Otra de las medidas destacadas es la adaptación de la plantilla al aumento de solicitudes de valoración de dependencia- La consejería incorporará 16 nuevos trabajadores con el objetivo de reducir a seis meses el tiempo máximo del plazo de respuesta en todo el Principado. La asignación para las prestaciones económicas a la dependencia sube un 7,5% y alcanza 61 millones para responder al incremento de personas beneficiarias, que a finales de 2025 llegarán a cerca de 19.000.

 

Del Arco ha incidido en que, por primera vez, se incorporan “a este escudo social” 900.000 euros del nuevo fondo social europeo para la lucha contra el sinhogarismo y 1,5 millones para la puesta en marcha del programa básico de garantía alimentaria. “Todo ello dentro de una senda plurianual  hasta 2027, que movilizará 12,5 millones para erradicar las formas más extremas de exclusión social”, ha explicado.

 

Infancia

Las políticas de infancia y adolescencia contarán con 62,4 millones, once más que este año. El apoyo a los acogimientos familiares dispondrá de tres millones, uno más que en 2024 y, entre otras medidas, está previsto un nuevo servicio, el equipo de reparación del Trauma Complejo. También se incorporarán tres psicólogos que completarán la intervención educativa en los centros de acogimiento de menores y dos auxiliares educadores.

 

Cooperación al desarrollo
El presupuesto de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo asciende a algo más de siete millones. Con esta dotación, se avanzará hacia una cooperación feminista que implica incrementar la inversión en las mujeres y las niñas. Así, se consignan 700.000 euros, un 40% más, para proyectos de empoderamiento, promoción y defensa de los derechos de las mujeres.

 

Otros 3,6 millones se dirigen a iniciativas de desarrollo que permitirán la mejora de la calidad de vida de miles de personas en los países con los que se coopera.

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