La Viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, ha anunciado la adjudicación del contrato para la asistencia técnica de la redacción del borrador de la futura ley asturiana de bebidas energéticas. Esta norma tiene como objetivo prohibir la venta y consumo de estos productos a menores de 16 años. «El consumo generalizado entre los menores es una preocupación considerable en términos de salud. Estas bebidas tienen efectos nocivos demostrados científicamente», ha explicado González Prieto.
El contrato para la redacción de la norma, con un importe de 12.100 euros, ha sido adjudicado a un experto en Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, que colabora con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, así como con otras instituciones autonómicas y estatales.
La duración del contrato es de seis meses, por lo que se estima que el Principado pueda disponer de un borrador a principios de este verano. «Es un paso importante que Asturias sea pionera en materia sanitaria respecto al cuidado de nuestros jóvenes», ha manifestado González.
El Consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, había anunciado el 18 de septiembre la intención de su departamento de prohibir las bebidas energéticas a menores de 16 años mediante una ley autonómica. Consumo lleva meses coordinándose con diversas áreas del Gobierno del Principado relacionadas con la producción, publicidad, venta y consumo para dar vida a esta normativa, incluyendo Comercio, Deportes, Juventud, Educación y Salud Pública. Su titular, Faustino Zapico, también mantuvo reuniones de consulta el año pasado con sectores de la población afectados, como profesorado, familias y organizaciones juveniles.
Mayor protección a los consumidores
Por otro lado, el Director General de Consumo ha anunciado que su departamento ha iniciado los trabajos para elaborar una nueva Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios del Principado, ya que la vigente Ley 11/2002, de 2 de diciembre, «está obsoleta».
Faustino Zapico considera necesaria una revisión integral de la normativa para adaptarse a los cambios introducidos en los últimos años por las directivas comunitarias y las modificaciones en el régimen jurídico general de protección de los consumidores y usuarios a nivel nacional, especialmente tras la última modificación, en 2023, del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
«Los avances en la defensa de los consumidores y usuarios en materia de comercio electrónico, garantías, comercialización a distancia, atención al cliente, consumidores vulnerables, bienes y servicios defectuosos, entre otras cuestiones, deben reflejarse en la normativa autonómica. También debemos reforzar el control y la regulación en materia de procedimiento sancionador, infracciones y sanciones», ha afirmado.
Para Zapico, «los hábitos de consumo de la población han cambiado considerablemente en estos más de 20 años, y también es necesario recordar que el régimen sancionador de la normativa estatal es más restrictivo». Por ejemplo, ha citado que las infracciones leves de la norma asturiana ascienden actualmente a 3.600 euros, mientras que en la estatal llegan a 10.000 euros. En cuanto a las infracciones graves, alcanzan los 18.000 euros frente a los 100.000 euros máximos de la normativa nacional.
