El Gobierno de Asturias ha autorizado un gasto de 1.712.494 euros para efectuar tratamientos silvícolas en 29 montes de utilidad pública de catorce concejos: Navia, Teverga, San Martín de Oscos, Aller, Proaza, Nava, Pravia, Cabranes, Caso, Lena, Santo Adriano, Villaviciosa, Colunga y Quirós. Con esta medida, el Principado pretende convertir estos bosques en reservorios ambientales para los municipios en los que se ubican y también en grandes sumideros de dióxido de carbono (CO2).
Estas actuaciones, que se llevarán a cabo antes del 30 de junio de 2026, mejorarán el estado de 319,87 hectáreas de terreno mediante rozas, clareos y podas en 73 rodales de pino (62%) y frondosas (38%).
Estos trabajos ahondan en una gestión forestal sostenible, mediante un mantenimiento adecuado que evita la acumulación de biomasa y reduce el combustible forestal en los montes de utilidad pública. Este tipo de labores preventivas, financiadas con fondos europeos Next Generation, ayudan también a reducir la propagación del fuego en caso de incendio.
El pasado 7 de noviembre, el Ejecutivo aprobó una partida de 2.295.462 euros para la ejecución del plan de mejora integral de las masas forestales del suroccidente, que se desarrollará en una superficie de 487 hectáreas para mejorar la conservación de los montes.
El proyecto, que se desarrollará hasta 2026, consiste en la aplicación de tratamientos para aumentar la calidad de la madera, así como en la retirada de grandes acumulaciones de biomasa. Las intervenciones se centrarán en los concejos de Cangas del Narcea, Ibias, Degaña, Allande, Grandas de Salime, Illano y Pesoz.
De este modo, a lo largo de este mes, el Principado ha garantizado una inversión que supera los cuatro millones para favorecer la conservación del territorio y de las masas forestales de 21 concejos.
Mayor eficacia en la Inspección General de Servicios
El Principado ha aprobado un nuevo reglamento que mejora la organización de la Inspección General de Servicios, dependiente de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, con el fin de reforzar su funcionamiento y asegurar una mayor eficiencia y transparencia en su labor.
La norma determina con claridad las funciones del inspector jefe, que será la persona responsable del área, y del personal que trabaja con él. Los inspectores de servicios tienen la condición de agentes de autoridad.
La nueva normativa también regula cómo se desarrollarán las tareas internas, mediante una planificación anual y la publicación de informes de seguimiento, y detalla el procedimiento que deberán seguir las actividades de inspección para que sean claras y transparentes.
En definitiva, el reglamento busca reforzar la seguridad jurídica, al especificar de manera más clara cómo deben llevarse a cabo los procesos y cómo se organiza la Inspección. También fomenta la eficiencia, al no imponer nuevas cargas administrativas, y garantiza que los cambios sean proporcionales a los objetivos que se quieren alcanzar.
Viernes, 22 de noviembre de 2024
El Sepepa cuenta con una red de dos coordinadores y 26 tutores presentes en todo el territorio y con formación específica para atender las necesidades del colectivo
El Servicio Público de Empleo (Sepepa) facilitó en un año la inserción laboral de 1.238 víctimas de la violencia de género. El Sepepa cuenta con una red de orientadores, formada por dos coordinadores y 26 tutores, desplegados por el territorio de la comunidad y con formación específica para atender las necesidades de estas mujeres en todas las oficinas.
El Sepepa pone a disposición de este colectivo todos los recursos de formación, orientación y empleo para facilitar su acceso al mercado de trabajo. En los registros del Principado constaban a finales de 2023 un total de 2.353 víctimas de violencia de género inscritas como demandantes de empleo, de las cuales 212 tenían algún tipo de discapacidad.
Los tutores del Sepepa acaban de recibir el reconocimiento Menina, concedido por la Delegación del Gobierno en Asturias, por su labor contra la violencia de género. Gracias a su ayuda, las 1.238 mujeres que se reincorporaron al mercado laboral el año pasado firmaron 3.277 contratos de trabajo: 984 fijos y el resto, temporales.
Las oficinas de empleo ofrecen servicios especiales a todas las mujeres que acreditan su condición de víctimas con documentos certificados por un juzgado, la Fiscalía, los centros asesores de la mujer o las casas de acogida. Estos centros y casas de acogida constituyen el principal recurso para informar a las mujeres sobre la existencia de los tutores del Sepepa y sus funciones.
El trabajo del Servicio Público de Empleo pasa por ayudar a las víctimas en su recuperación antes de comenzar la tarea de facilitar su inserción laboral y ofrecerles una vía hacia la recuperación del control sobre sus vidas.
Aunque no existe un perfil tipo de las víctimas de maltrato machista inscritas como demandantes de empleo en el Sepepa, el balance de actividad de 2023 demuestra que tienen niveles formativos dispares. Por ejemplo, recibieron atención 36 mujeres sin ningún tipo de estudios y otras 82 con título universitario (licenciatura, grado, máster o doctorado).
Para proteger la identidad de las usuarias, el Servicio Público de Empleo no desglosa su lugar de residencia por concejos, pero casi el 90% vive en el área central de la comunidad: Oviedo, Gijón y Avilés, sus comarcas de influencia, y las cuencas del Nalón y el Caudal.
Por nacionalidades, 1.959 de las víctimas demandantes de empleo son españolas, lo que representa más del 83% del total. Además, 725 de ellas recibían algún tipo de prestación a finales de 2023.
La especial dificultad de acceso al mercado laboral para este colectivo se expresa en su tasa de desempleo de larga duración, que supera en 25 puntos porcentuales la media de toda la población asturiana.
