El Gobierno de Asturias está dispuesto a “llegar hasta el final” en la investigación del caso Blue Solving para determinar las causas del accidente en el que fallecieron cinco mineros, en qué circunstancias se produjo y si en la explotación concurría alguna irregularidad. Belarmina Díaz, consejera de Transición Ecológica, ha anunciado hoy que el Ejecutivo se personará como acusación particular, tal y como habían solicitado los sindicatos mineros SOMA-FITAG y Comisiones Obreras.
Belarmina Díaz ha presidido la reunión de la comisión de seguridad minera, un órgano en el que están representados la Administración autonómica, los sindicatos, las empresas y los colegios profesionales. Al término de este encuentro, anunció las siguientes decisiones:
El Gobierno de Asturias se personará como acusación particular en el procedimiento judicial abierto.
La Comisión de Seguridad Minera constituirá una comisión especial de investigación sobre el siniestro. La primera reunión ya tiene fecha: se celebrará el 25 de abril. “Vamos a poner todos los medios, todos los esfuerzos y todo lo que sea necesario para determinar lo que ocurrió”, ha afirmado Díaz.
La consejera comparecerá a petición propia en la Junta General para ofrecer voluntariamente todas las explicaciones al alcance del Gobierno de Asturias. La solicitud ya ha sido registrada.
La Inspección General de Servicios realizará una evaluación del Servicio de Minas. El objetivo es chequear todas las actuaciones desarrolladas hasta el momento y, llegado el caso, tomar iniciativas para mejorarlo.
Estas cuatro medidas se desarrollarán con la mayor celeridad posible. La intención del Principado es impulsar la investigación al máximo. Como afirmó el presidente, Adrián Barbón, el gobierno pretende evaluar “de arriba abajo” el funcionamiento de la explotación, que en caso alguno podía dedicarse a la extracción de carbón. Aunque la experiencia de otros accidentes constata que estos trabajos pueden alargarse, la intención del Ejecutivo es colaborar para que puedan realizarse cuanto antes.
La consejera ha informado también sobre las inspecciones realizadas en la mina donde se produjo el siniestro. Desde 2022, se han realizado al menos ocho inspecciones; la última, en septiembre del año pasado. Ninguna de ellas detectó irregularidades en el piso tercero, donde se produjo el siniestro. La próxima semana volverá a llevarse a cabo otra inspección en el lugar del accidente, junto con la policía judicial y equipos especiales de investigación de explosivos.
“Es una tragedia durísima, la más dura que me ha tocado gestionar nunca en toda mi vida profesional”, ha subrayado la consejera, quien ha vuelto a manifestar su solidaridad con las familias y amistades de los cinco trabajadores fallecidos y con toda la comunidad minera.
