El Gobierno del Principado, a través de la Dirección General de Consumo, iniciará a principios de 2025 una campaña de inspección para investigar y, en su caso, sancionar, a las inmobiliarias que incluyan cláusulas abusivas y otro tipo de irregularidades en las operaciones de compraventa y arrendamiento de viviendas.
El director general de Consumo, Faustino Zapico, ha realizado este anuncio tras reunirse esta mañana con Katia Domingo Aguinaco y María Elena Fernández González, presidenta y abogada, respectivamente, de La Unión de Inmobiliarias de Asturias.
“Aunque aún no hemos recibido denuncias, nos están llegando muchas consultas de personas a las que se les están aplicando cláusulas abusivas”, ha indicado el titular de Consumo, quien ha mostrado su temor a que este tipo de prácticas vaya en aumento.
Zapico ha explicado que estas inspecciones pretenden sumarse a la iniciativa estatal impulsada desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para poner coto a los abusos en este tipo de empresas, “que están obligadas a cumplir con la información precontractual que ofrecen a las personas consumidoras”.
Según ha detallado, los incumplimientos de la legislación por parte de las inmobiliarias podrían conllevar sanciones que oscilan entre los 10.000 y los 100.000 euros. Esta normativa incluye, fundamentalmente, el Real Decreto 1/2007, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, pero también la Ley de Arrendamientos Urbanos, la de Vivienda de 2023 y otras complementarias.
El director general también ha querido destacar la “cordialidad” de la reunión, celebrada a solicitud La Unión de Inmobiliarias de Asturias, que representa a 32 empresas de la comunidad.
La intención de Consumo es asegurar el cumplimiento del deber de información de las y los agentes inmobiliarios en operaciones de compraventa y arrendamiento, para lo que “prestará especial atención a la veracidad de la oferta y transparencia en las operaciones que se realicen”, entre las que ha citado las condiciones económicas, la información precontractual y las cláusulas de los contratos.
