Los inspectores de pesca marítima, convocados por el sindicato CCOO, han iniciado una huelga indefinida para reclamar reconocimiento profesional y retributivo. El colectivo, formado por 170 funcionarios en toda España —cinco de ellos en Asturias—, desarrolla su labor tanto en los servicios centrales de Madrid como en los puertos del Estado.
Entre las principales demandas se encuentra la elaboración de procedimientos de trabajo seguros, que debían estar listos antes de finalizar 2023. La ausencia de estos protocolos, denuncian, pone en riesgo su integridad física durante las inspecciones en puerto, abordajes en la mar y vuelos en aeronaves.
“Nos jugamos la vida en cada inspección. No queremos esperar a que ocurra una desgracia para que se tomen medidas”, afirman desde el colectivo, que también denuncia irregularidades y abusos que, aseguran, están siendo ignorados por la Administración. Reclaman instrucciones claras, consensuadas y eficaces, así como una regulación laboral acorde con la realidad de su trabajo.
CCOO ha lamentado la falta de propuestas de negociación por parte del Gobierno para resolver el conflicto. Mientras tanto, la huelga amenaza con afectar de forma directa a la campaña actual de la caballa y la anchoa, especialmente en el norte del país.
Desde el sindicato advierten de posibles consecuencias económicas para el sector legal. La reducción de inspecciones puede facilitar la llegada a puerto de capturas no declaradas o por encima del límite permitido. En el caso de la anchoa, además, no se está comprobando la talla mínima, lo que permite la venta de ejemplares pequeños a menor precio, afectando al sector conservero.
España podría incumplir el porcentaje mínimo de inspecciones exigido por la Unión Europea, lo que podría traducirse en un apercibimiento. Además, si llegan a Bruselas informes sobre descargas ilegales, las consecuencias podrían agravarse.
“El pescado que se vende fuera del circuito legal no paga impuestos, perjudica a los pescadores que cumplen con la normativa y, además, no pasa controles sanitarios. No se sabe en qué condiciones se transporta ni si es apto para el consumo”, advierten desde CCOO.
La situación, añaden, genera una profunda preocupación por el riesgo que supone para la salud pública y por el impacto que puede tener en los esfuerzos de sostenibilidad realizados en los últimos años.
