El director general de Vivienda, Daniel Sánchez, ha reiterado hoy que el ordenamiento jurídico no ampara la permuta de los pisos de la antigua barriada minera de Pumarabule, en Siero, por las nuevas viviendas construidas en la zona en 2021.
Sánchez ha respondido así a las diputadas del Partido Popular Beatriz Polledo y Susana Fernández, que ayer solicitaron que la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos adoptara esta solución para los vecinos de Pumarabule.
“Quien prometió en su día a los vecinos algo que jurídicamente no es viable, no está ya en esta dirección general”, ha explicado Sánchez, quien ha insistido en que su departamento ha trasladado “desde el minuto uno, con claridad y transparencia, a los afectados, la realidad de la situación”.
En este sentido, ha insistido en que la Administración no puede en ningún caso permutar una vivienda de propiedad privada por otra pública: “Simplemente, no hay encaje legal para ello y quien defienda lo contrario, o bien está pidiéndonos prevaricar o bien desconoce el ordenamiento jurídico”. “Me sorprende que estas diputadas, ambas con formación jurídica, animen al gobierno a adoptar una decisión que podría incurrir en prevaricación”, ha añadido.
Respecto a la posibilidad de que los vecinos afectados puedan optar a las nuevas viviendas que se adjudicarán próximamente en régimen de alquiler, el director general ha explicado que el decreto de adjudicación de vivienda excluye a quienes disponen de un piso en propiedad. La única excepción sería que aportaran un certificado de ruina de su vivienda expedido por un técnico, que convalidaría en el decreto como no propietarios. “No existe ni un solo informe técnico que hable de ruina”, ha añadido Sánchez.
Por otra parte, ha recordado que el decreto de adjudicación prevé que cada ayuntamiento establezca colectivos prioritarios para el acceso a las viviendas. “Nosotros apostamos por la colaboración leal entre administraciones y en ningún caso vamos a saltarnos este procedimiento”, ha precisado.
Respecto al futuro, el director general ha señalado que el proyecto de presupuestos para 2025 reserva una partida de un millón para reparar los tres bloques de viviendas vandalizados tras permanecer vacíos desde 2021. “Nosotros gestionamos con eficacia y nuestra responsabilidad es poner pisos a disposición de aquellos que tienen dificultades para acceder a una vivienda. No podemos tener pisos públicos vacíos”, ha argumentado.
